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Vecinos, voluntarios y equipos especializados continúan trabajando incansablemente, equipados con monos de trabajo, para remover lodo y escombros de viviendas, garajes y calles, un mes después del devastador temporal en España que ha cobrado la vida de 230 personas, 222 de ellas en la provincia de Valencia. Las repercusiones políticas y económicas de esta tragedia apenas comienzan a manifestarse.
Aunque el paisaje ha mejorado desde el caos inicial, las montañas de vehículos destruidos siguen impactando a quienes llegan a Valencia. Mientras tanto, los residentes de la llamada ‘zona cero’ de la dana se han acostumbrado a la situación, centrándose más en la lucha contra el lodo y las aguas residuales que inundan sótanos y garajes, provocando un olor insalubre en sus hogares.
Los fotógrafos siguen documentando a diario las labores de limpieza, que han logrado retirar 250,000 toneladas de residuos en este tiempo. Sin embargo, la atención se ha desplazado en los últimos días hacia los políticos, quienes participan en reuniones cerradas y comparecencias públicas, tratando de ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido y soluciones para los afectados. Este contexto ha generado intensas disputas sobre la responsabilidad del alto número de víctimas y la lentitud de las labores de limpieza en algunas áreas.
Actualización del recuento de víctimas
El número de víctimas continúa actualizándose, ya que hay cuatro personas desaparecidas. En Valencia, la cifra de 222 fallecidos se acerca a lo que podría ser el balance definitivo, según el Centro de Integración de Datos (CID). La mayoría de las víctimas fueron encontradas en sus hogares, garajes o sótanos, incluyendo a siete menores de 10 años y 26 personas de diversas nacionalidades.
A este trágico recuento se suma la muerte reciente de un operario durante las tareas de limpieza debido a un derrumbe.
Ayudas a los afectados
Con la llegada del primer mes tras la tragedia, el Gobierno español ha aprobado un tercer paquete de ayudas para los damnificados, valorado en 2.274 millones de euros. En total, se han movilizado 16.600 millones de euros por parte del Gobierno de España, además de 400 millones aprobados por la Generalitat en ayudas urgentes.
Este paquete incluye asistencia directa para quienes han perdido familiares, sufrido daños en sus viviendas o se han visto obligados a detener sus actividades laborales o empresariales, así como créditos y medidas fiscales.
Sin embargo, estas ayudas han generado controversia política, ya que el gobierno regional considera que son insuficientes, mientras que el gobierno estatal acusa a la Generalitat de difundir información errónea al respecto.
Conflicto político
La crisis provocada por el temporal ha intensificado la tensión política desde el inicio, ya que muchos creen que la cifra de muertos podría haber sido menor si los avisos a la población hubieran sido más rápidos y efectivos. El Gobierno español, liderado por los socialistas, sostiene que la responsabilidad recae en el gobierno regional y ha criticado la ausencia del presidente conservador de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante los momentos críticos. A su vez, Mazón culpa al Estado por la falta de acción.
Este cruce de acusaciones ha generado un enfrentamiento entre socialistas y conservadores tanto a nivel regional como estatal. Mientras la oposición regional exige la dimisión de Mazón, los conservadores a nivel nacional piden la renuncia de Pedro Sánchez.
Consecuencias económicas
El impacto del temporal, considerado el más destructivo del siglo en España, es evidente: 230 muertos, 75 municipios afectados, cientos de miles de personas damnificadas, 25,000 hectáreas inundadas y hasta 771 litros de agua por metro cuadrado en las zonas más afectadas en solo 24 horas.