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Santo Domingo.- El abogado Emmanuel Esquea Guerrero, a quien la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo contrató para analizar el contrato del llamado "Peaje Sombra" indicó este miércoles que en las conclusiones de su informe recomendó al gobierno llevar este caso al Ministerio Público, porque se trató de un acuerdo lesivo para el Estado, donde todo el que firmó, apadrinó o apoyó ese pacto debe ser investigado.
Asimismo, dijo que el contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná que se rubricó el 2001 entre el Estado y la sociedad Autopistas del Nordeste, donde se acordó que el primero asumía el compromiso de pagar un Ingreso Mínimo Garantizado (Peaje Sombra) para cubrir al segundo el déficit del tráfico vehicular, para que se lograra una tasa interna de retorno, tiene todas las connotaciones de un acto delincuencial.
"Yo recomendaba que fuera al Ministerio Público, porque hay un aspecto penal que no me competía a mí, sino al Ministerio Púbico para que se abstengan a las responsabilidades no solo administrativas, sino penales, porque hay indicios evidentes de que hubo una intensión delictuosa", precisó el jurista.
Esquea Guerrero ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa radial Rumbo de la Mañana, del Grupo RCC Media, donde explicó que en su análisis encontró dolo y violaciones expresas de la ley y citó como muestra que el contrato se firmó con una compañía que legalmente era inexistente.
Indicó que Autopistas del Nordeste se constituyó solo con seis socios, cuando la ley requería siete; además colocaron un nombre que no era una sociedad e hicieron que aparezca sin serlo.
Otro aspecto dudoso que encontró Esquea Guerrero fue que el contrato inicial se firmó por US$125 millones y en unos seis meses rondaba los US$150 millones, además de que la concesión de la obra se otorgó sin concurso, lo que violatorio a la ley.
Dijo que la primera licitación se hace en 1998 para la construcción de 64 kilómetros de carretera, que eran cuatro tramos desde la autopista Las Américas hasta Rincón Molinillo, pero no se completaba ese trayecto porque son 125 kilómetros, y ese concurso se cerró sin resultado.
"En el 1999 se le ocurre a alguien decir vamos a continuar el concurso del 1998 y se siguió con el mismo número de serie, pero con una nueva modalidad, ya que no eran 64 kilómetros de carretera, sino 125 kilómetros y no solo para construcción, sino que también era para financiamiento. Entonces era un concurso diferente", manifestó.
El informe que elaboró Esquea Guerrero fue remitido el 20 de julio pasado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
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