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Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará este lunes con la parte final del juicio contra los seis imputados de supuestamente repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagó en el país en sobornos.
El tribunal ha programado escuchar los alegatos de defensa en voz de los propios acusados por el Ministerio Público, lo que podría resultar en el término del proceso mañana mismo.
Todos los imputados han reiterado ser inocentes de los cargos de asociación, soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y prevaricación.
El jueves pasado, las tres juezas del tribunal escucharon las réplicas de los abogados de la defensa a los alegatos del Ministerio Público y aplazó para este lunes la continuación del juicio.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo escucharon a los abogados defensores de los procesados, quienes se refirieron a las réplicas de la Fiscalía expuestas el martes pasado.
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para el empresario Ángel Rondón Rijo, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
Para el abogado Conrado Pittaluga solicitó siete años de prisión, mientras que condenas de 5 años de reclusión para los también coimputados Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa y exlegislador.
El órgano persecutor del crimen, además solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
Las autoridades acusan a los imputados de supuestamente repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó en el país para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de diferentes obras públicas.