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Santo Domingo. – La representante legal de la familia Fulcar en el caso de la querella por supuesta difamación contra el abogado Máximo Castillo Salas, los demandantes buscan una condena de un año de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones de pesos como justa compensación por los daños que habría ocasionado.
Ingrid Hidalgo aclaró que en el citado caso el afectado es el exministro de Educación, Roberto Fulcar, pero este apoderó a su hermano, el diputado Julito Fulcar.
Esto para que se constituyera en parte civil e interpusiera la querella contra Castillo Salas, quien alegó, a través del programa de Youtoube denominado “Las Exclusivas de José Peguero”, que el funcionario, a raíz de su reciente viaje a Estados Unidos, ha tenido contacto con autoridades norteamericanas con fines de ofrecer informaciones sobre acciones del narcotráfico en favor de la campaña de políticos que forman parte del gobierno actual y legisladores.
“La familia recuerda que el nombre, el buen nombre, afecta a todos los tuyos y no importa en qué lugar familiar te encuentres. La familia participa en ente de apoyo. Pero el querellante es la persona afectada, en este caso el exministro Roberto Fulcar Encarnación”, manifestó la abogada al hablar vía telefónica para el programa El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM y el grupo RCC Media.
Ingrid Hidalgo también explicó que la querella fue depositada ante el Ministerio Público, a pesar de ser un caso de acción privada. Porque el sometimiento se hizo a través de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican y sancionan la difamación cometida a través de medios electrónicos.
Declaró que esa es la vía correcta de esa demanda, ya que la Fiscalía del Distrito Nacional se encargará de realizar las investigaciones y al finalizar las pesquisas pedirán una conversión del caso para irse a un tribunal unipersonal.
Asimismo, Ingrid Hidalgo afirmó que Castillo Salas, si tiene pruebas, tendrá la oportunidad de demostrar en un tribunal que Roberto Fulcar está cooperando con las autoridades estadounidenses en algunos casos de narcotráfico, pero la parte querrellante si tiene como demostrar que todo eso se trata de una acción difamatoria.