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El vicepresidente ejecutivo de Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó su preocupación por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, eliminando el requisito de que las candidaturas independientes deban presentarse desde agrupaciones políticas constituidas.
Castaños Guzmán, advirtió que esta decisión podría socavar los esfuerzos para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos y provocar un debilitamiento del sistema partidario, llevando incluso a la desarticulación del sistema político.
Además, destacó que la sentencia podría incentivar la creación de grupos espontáneos fuera de cualquier control institucional, lo que afectaría negativamente la voluntad colectiva y la institucionalidad de las organizaciones políticas.
"Somos de la opinión de que debemos abocarnos a una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para seguir aumentando la confianza de la voluntad colectiva en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos", propuso.
Castaños Guzmán sostuvo que, de lo contrario, la decisión del Tribunal Constitucional estaría poniendo en riesgo décadas de esfuerzos para reforzar histórica e institucionalmente las organizaciones políticas, lo que podría dar lugar a escenarios electorales menos representativos y más opacos que los que actualmente establece el ordenamiento jurídico dominicano.
Finjus destacó el papel fundamental de los partidos políticos para la estabilidad política y el desarrollo del país, subrayando la importancia de preservarlos en el sistema democrático.
"La propia doctrina, desde etapas anteriores, ha enfatizado que la inclusión expresa de las organizaciones políticas en el bloque de constitucionalidad representa una garantía democrática para la participación colectiva dentro de ellas. En consecuencia, se ha puntualizado que los partidos políticos deben actuar como auxiliares del Estado, formando una parte integral del engranaje constitucional y siendo garantes de la vida democrática", argumentó el jurista.
Además, agregó que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son la garantía idónea para el adecuado desarrollo de una democracia representativa y participativa en el contexto dominicano.