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La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su respaldo a las iniciativas adoptadas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para promover la paz y el orden en el país, destacando que el consumo descontrolado de alcohol y la contaminación sonora en espacios públicos son problemas crecientes que afectan la seguridad y convivencia social.
En un comunicado, FINJUS señaló que, a pesar de los esfuerzos por controlar estas prácticas, la venta de bebidas alcohólicas a altas horas de la noche sigue siendo una de las principales causas de inseguridad, generando vulnerabilidad tanto en los comercios que las expenden como en los residentes cercanos. Esta situación, según la organización, se agrava con el exceso de ruidos que alteran el ambiente y afectan negativamente los espacios públicos.
La organización subrayó que la proliferación de comercios que permiten la aglomeración desordenada de personas, la ocupación de las vías públicas y la generación de focos de delincuencia están elevando los niveles de inseguridad. Además, reconoció la creciente amenaza que representan la criminalidad y la delincuencia para la población dominicana.
FINJUS destacó las medidas implementadas por la ministra Raful, que incluyen la modernización de la gestión de la seguridad, la persecución del delito y la promoción de programas de vinculación social y educación. Estas iniciativas buscan cumplir con el mandato constitucional de proteger la seguridad ciudadana y garantizar el orden público.
La organización también recordó que la Ley 64-00, sobre la protección del medio ambiente, clasifica la contaminación sonora como un problema que afecta la salud humana y faculta al Ministerio de Medio Ambiente para regular la emisión de ruidos. Además, la Ley 287-04 establece la obligación de implementar sistemas de aislamiento acústico en aquellos establecimientos que generen ruidos molestos o nocivos, especialmente en las zonas urbanas.
FINJUS recalcó que el problema no es la falta de marcos legales o decisiones judiciales, sino una cuestión social que pone en peligro la vida y el desarrollo armónico de los ciudadanos. Para la organización, es fundamental erradicar la cultura del desorden que afecta la capacidad de las autoridades para actuar y proteger a la población.
Asimismo, hizo hincapié en que, aunque se respeta el derecho al consumo de alcohol y la recreación, lo que no debe permitirse es que estas actividades se desarrollen de manera descontrolada, contribuyendo a un ambiente violento y perturbador que favorece la delincuencia y la inseguridad.