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La Fiscalía de Chile ha iniciado una investigación por un presunto "acceso ilegal" a los antecedentes de una causa relacionada con acusaciones de acoso que involucran al presidente Gabriel Boric.
El mandatario, a través de su abogado, Jonatan Valenzuela, rechazó las acusaciones, que datan de hace una década, y afirmó que fue él quien sufrió el acoso.
Como parte de la investigación, Boric entregó 25 correos electrónicos a la Fiscalía de Magallanes como prueba de su versión.
El Ministerio Público resaltó que el acceso a los antecedentes de las personas implicadas en casos penales está estrictamente regulado por la ley y debe mantenerse bajo reserva.
El caso salió a la luz después de que la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, reconociera que un equipo de Presidencia había "pesquisado" una denuncia confidencial, que, por ser de naturaleza sexual, no tiene registros públicos en los sistemas judiciales.
La denuncia fue presentada en septiembre por una excompañera de Boric durante una pasantía en Punta Arenas en 2014.
«Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente», subrayó Valenzuela, antes de insistir en que desde entonces y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de contacto entre ambos.
Durante el transcurso de la jornada, la portavoz del Gobierno chileno aseguró que la denuncia contra el presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y difusión de imágenes privadas «no tiene sustento».
Vallejo denunció, asimismo, que el mandatario fue víctima de una «dinámica de hostigamiento» y precisó que las imágenes de contenido sexual fueron enviadas «sin solicitud ni consentimiento del receptor».
La polémica en torno a la denuncia sucede en medio de fuertes críticas contra el Gobierno por una supuesta violación perpetrada por el exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, quien era uno de los políticos mejor evaluados del país y está en prisión preventiva desde hace dos semanas por presuntamente agredir a una mujer de su equipo.
La oposición criticó que el mandatario no actuara el mismo día en que se conoció la denuncia y que pidiera la renuncia de Monsalve el pasado 17 de octubre, 48 horas después.