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El gobierno británico no prorrogará la fecha límite del 30 de junio para que los ciudadanos de la Unión Europea soliciten la residencia permanente en el Reino Unido o corran el riesgo de perder el derecho de vivir y trabajar en el país.
La salida británica de la UE el año pasado privó a los ciudadanos del bloque del derecho automático de vivir y trabajar en el Reino Unido, y lo mismo con los británicos en las 27 naciones de la UE. Como parte del divorcio, ambas partes acordaron que todos preservarían sus derechos de residencia vigentes antes del Brexit.
En Gran Bretaña, ello significa que los ciudadanos de la UE y de varios otros países europeos deberán solicitar por internet la prórroga de su residencia para poder seguir trabajando, estudiando o recibiendo prestaciones sociales.
Según cifras del gobierno británico, 5,6 millones de personas han pedido mantener la residencia desde que el programa comenzó en marzo de 2019, y sólo unas pocas han sido rechazadas. Eso es mucho más del estimado pre-Brexit, de que unos 3 millones de ciudadanos de la UE vivían en Gran Bretaña. No se conoce cuántos ciudadanos de la UE viven en Gran Bretaña y no han pedido la prórroga.
“Que quede claro: no vamos a extender el plazo”, declaró el miércoles el ministro de Inmigración Kevin Foster.
“Para ponerlo simple: extender el plazo no resolverá el problema de llegar a la gente que no ha hecho el proceso y simplemente dejaría el asunto para más tarde cuando otra vez se nos pedirá extender la fecha, lo que creará más incertidumbre”, añadió.
El gobierno afirma que quienes hayan pedido renovar el estatus para fines de junio recibirán cartas en que se les dará 28 días para actuar. Quienes no lo hayan pedido a tiempo podrán hacerlo después del plazo siempre y cuando presenten un justificativo, por ejemplo, que hayan estado enfermos, indicó Foster.
Defensores de los extranjeros en Gran Bretaña temen que hay quienes no están conscientes de que necesitan solicitar la renovación y que otros están sumidos en las 400.000 solicitudes atrasadas.
Exigen además que el gobierno ofrezca prueba física, no sólo digital, del estatus de residencia. Hay quienes temen una repetición de la experiencia traumática de miles de inmigrantes caribeños que emigraron a Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial y fueron rechazados para empleos o atención médica porque no tenían los documentos apropiados. Fuente: AP