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Santo Domingo.- Gisela Cueto es la nueva procuradora interina de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, electa este jueves por el Consejo Superior del Ministerio Público, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Con su elección, el órgano del Ministerio Público acogió la propuesta enviada por el Consejo Económico y Social (CES) del diálogo con los Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En un comunicado de prensa el órgano del sistema de justicia explica que además de evaluar los candidatos recomendados por el CES, la procuradora adjunta Gisela Cueto, y el titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan Baró, dentro de sus facultades como órgano constitucional, también evaluó a los magistrados Francisco Berroa y Casilda Báez, titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo y titular del Departamento de Dictámenes Civiles de esta Procuraduría, respectivamente.
Por igual, el Consejo Superior del Ministerio Público convocó a la recién designada titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, al director general de Persecución del Ministerio Público y a los titulares de todas las procuradurías fiscales del país a una reunión que se llevará a cabo mañana viernes 13 de marzo, a los fines de coordinar la logística operativa de cara a las elecciones municipales que serán realizadas el próximo domingo 15 de marzo.
De la misma forma, el Consejo Superior del Ministerio Público ordenó a los departamentos correspondientes a que brindaran en esta misma fecha toda la asistencia necesaria a la nueva Titular Interina asignando los recursos, herramientas y conformación de un equipo de trabajo que incluye fiscales de carrera y personal administrativo a los fines de dar apoyo y cooperación a las Fiscalías en la persecución de los delitos electorales.
En el documento de prensa la institución reiteró que las fiscalías estarán laborando en horario extendido antes, durante y después de las elecciones municipales, a fin de atender las eventuales denuncias de presuntos delitos electorales que pudieran presentarse en las diferentes jurisdicciones del país.