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En respuesta a la eliminación total del impuesto a la importación de arroz desde los países firmantes del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), que comenzará a aplicarse el 1 de enero del próximo año, el Gobierno emitió un decreto que declara el arroz como un producto de seguridad alimentaria nacional.
Con esta medida, se establecerá un impuesto del 20% sobre el valor aduanero (ad valorem) para el arroz importado desde Estados Unidos y Nicaragua. Además, el Gobierno fijó un límite de 23,300 toneladas métricas de arroz que podrán ingresar al país con un arancel preferencial de 0% a 20%.
Una vez alcanzado este tope, el arroz importado estará sujeto al arancel de nación más favorecida, que actualmente es del 99% ad valorem. El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, indicó que estas acciones forman parte de un esfuerzo del Gobierno para proteger a los productores locales, asegurando que, aunque el acuerdo del DR-CAFTA prevé la eliminación de impuestos sobre el arroz estadounidense a partir de 2025, este no podrá ingresar al país sin una evaluación previa por parte del Ministerio de Agricultura y la Comisión Interministerial del Arroz.
El decreto también establece una actualización de la Ley del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el fin de introducir medidas especiales de protección a los productos clave para la seguridad alimentaria. De esta manera, el Gobierno busca preservar la producción local de arroz, que genera más de 30,000 empleos directos y más de 300,000 indirectos, con un impacto económico anual superior a los 45,000 millones de pesos.
"Siempre que haya producción nacional, la importación estará rigurosamente controlada", subrayó Bisonó, resaltando la importancia de la producción de arroz tanto para la seguridad alimentaria como para el desarrollo económico de muchas familias dominicanas.
Por su parte, el Ministro de Agricultura, Limber Cruz, resaltó que el decreto es el resultado de un proceso de diálogo entre los productores, los industriales y el Gobierno, y busca garantizar la estabilidad del sector arrocero en un contexto internacional incierto. A través de esta estrategia, el Gobierno se ha comprometido a fortalecer la competitividad y la productividad del sector, asegurando que el país es autosuficiente en arroz, con una proyección de 14 millones de quintales para finales de este año.