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Hasta por WhatsApp vendían fusiles implicados caso Pandora, indica MP

Según el órgano persecutor, el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quién era el encargado de la custodia de las armas y municiones, robó un fusil el cual junto a otras municiones supuestamente era promocionado mediante grupos de WhatsApp por el raso Ángel Rubiel Martínez Bacilio.

Joseiri Novas
Joseiri Novas
20 noviembre, 2024 - 7:52 AM
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Imagen de referencia con fusil
Acción Delictiva
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El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los acusados en la operación Pandora establece que estos comercializan los fusiles y municiones que sustraían de la Policía Nacional por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. 

Según el órgano persecutor, el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quién era el encargado de la custodia de las armas y municiones, robó un fusil el cual junto a otras municiones que supuestamente eran promocionados mediante grupos de WhatsApp por el raso Ángel Rubiel Martínez Bacilio.

“El imputado Narciso Antonio Feliz Romero, además de sustraer de la intendencia de armas el fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, lo hizo con el propósito de venta, ya que estaba siendo publicitado a través de grupos de WhatsApp donde también se comercializaban las municiones”, cita el Ministerio Público en el documento de solicitud de medida coerción.

Explica, además, que mediante informe pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inafic) se obtuvo la imagen del referido fusil que era promocionado en la mencionada app.

Asimismo indica que Martínez Bacilio vendía el fusil por un costo de 195 mil pesos y se lo ofertó al cabo Melvin Manuel Sierra Gil. 

De acuerdo con el Ministerio Público, como fruto de la acción delictiva el coronel Narciso Antonio Feliz Romero adquirió un jeep marca Kia Sorento e inició una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Según los documentos investigativos, este esquema abastecía a armerías, civiles y personas vinculadas a actividades ilícitas, generando un negocio millonario operado desde dentro de las fuerzas de seguridad.

«Los investigadores identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito, para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios», reza el documento.

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