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Un hombre fue condenado a de siete años de prisión más el pago de 12 millones de pesos a una familia que, mediante falsificación de documentos, intentó despojar de su parcela, en el municipio de Boca Chica.
La condena fue impuesta contra Víctor Manuel Hernández Samora, por estafa y falsificación de documentos.
El expediente instrumentado por el fiscal litigante Andrés Matos, revela que, el día 8 de mayo de 2019, como a las 10:30 de la mañana, las víctimas se dieron cuenta de que el encartado, sin ninguna autorización, penetró a su terreno, del que se negaba a salir.
Alegaba que, el solar era de su pertenencia, mostrando un acto de venta, que certificaba que dicho terreno le había sido vendido, razón por la que en fecha 26 de junio de 2019, las víctimas hicieron formal denuncia.
Tras una investigación de este Ministerio Público, dirigida por el procurador fiscal titular, Milcíades Guzmán Leonardo, quien junto a un equipo de fiscales solicitaron de las autoridades correspondientes varias certificaciones, que marcaron el inicio de las experticias.
Resulta que, en fecha 21 de marzo de 2011, fue emitido por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, de la Jurisdicción Inmobiliaria, un certificado indicando que la parcela 486-B-3-A-I-REF-005-10364, DC 32, estaba a nombre de las víctimas antes mencionadas.
En fecha 16 de septiembre de 2020, el mismo Departamento Inmobiliaria, certificó y rechazó la transferencia del acto de venta del terreno, y en consecuencia se remitió el expediente al Departamento Investigativo de Falsificaciones de este Ministerio Público para que se adopten las medidas de lugar.
En fecha 10 de marzo de 2022, la Dirección General de Impuestos Internos, emitió una certificación con un recibo de pago por concepto de transferencia inmobiliaria a nombre del procesado, Hernández, sobre la misma parcela antes indicada.
El 8 de julio 2022 y 29 de noviembre de 2022, el Departamento de Documentos Forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, realizó análisis a las firmas contenidas en el acto de venta, certificando que no se corresponden con las firmas caligráficas de las víctimas, ósea que, actuó con la intención deliberada de falsificar y hacer uso de documentos falsos.
El 9 septiembre 2022, mediante una orden judicial, fue realizado un allanamiento en la residencia del encartado, donde fueron ocupados distintos sellos, como el del Ministerio Público, (Sistema de Atención Permanente), otros sellos sobre Notarios Públicos, tanto de Santo Domingo, Santo Domingo Este y Boca Chica, entre otros objetos.
La condena deberá ser cumplida por el procesado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.