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La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su firme rechazo a las acciones violentas atribuidas a la minera Barrick Gold, respaldadas por efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, contra los habitantes de Arroyo Vuelta y otras comunidades del distrito municipal de Zambrana, en Cotuí.
En un comunicado oficial, la CED calificó como “inadmisibles” estos actos, que incluyeron el uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos humanos y agresiones a dos sacerdotes y varios residentes. El organismo eclesiástico enfatizó que “es necesario rechazar la táctica del miedo”, subrayando que estas prácticas atentan contra los principios fundamentales del estado de derecho, la justicia y la dignidad humana, especialmente de los sectores más vulnerables.
La Iglesia Católica manifestó su apoyo al obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, y renovó su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades afectadas. “No podemos permitir que los intereses económicos estén por encima de la vida y el bienestar de las familias en esta región”, señaló la CED.
Llamado a las autoridades
El Episcopado Dominicano instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva e imparcial, sancionar a los responsables de los abusos y garantizar medidas de reparación para las comunidades afectadas. Asimismo, destacó la necesidad de implementar prácticas mineras con responsabilidad social, ética y ambiental.
Además, la Iglesia hizo un llamado al diálogo entre todas las partes involucradas como la vía más adecuada para alcanzar una solución justa. La CED también se ofreció como mediadora en cualquier iniciativa que fomente la paz y la justicia.
Solidaridad y oración
La CED exhortó a la ciudadanía a solidarizarse con las comunidades de Zambrana y a rechazar de manera pacífica las prácticas mineras irresponsables. También invitó a los fieles a orar por la justicia y la paz en el país.
Con esta declaración, la Iglesia Católica reafirma su papel como defensora de los derechos humanos y la dignidad de quienes han sido afectados por conflictos derivados de la explotación minera en República Dominicana.