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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia dispuso medidas de coerción para la empresaria Judith Santana de Castillo, quien deberá pagar una garantía económica de 10 mil pesos y presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
Santana fue detenida durante recientes allanamientos a propiedades de una red de narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas, desmantelada en julio pasado con la Operación RANA.
La jueza Francis Reyes acogió la solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia para aplicar estas medidas mientras avanzan las investigaciones.
Santana de Castillo, socia del Motopréstamo Ricardo SRL, de esta localidad, fue sometida a la justicia luego de que se le ocupara una pistola, calibre 9 milímetros, marca HS2000, violentando así el protocolo para la obtención de armas de fuego a personas morales y siendo la misma un arma perteneciente a un exconvicto por narcotráfico, según los registros policiales.
El arma fue incautada durante un allanamiento al referido negocio, por su vinculación en la investigación financiera.
En un comunicado de prensa el órgano del sistema de justicia señala que el arma fue ocupada durante las pesquisas de la Operación RANA, donde se incautaron y allanaron propiedades relacionadas a Rigoberto Castillo Santana, quien, conjuntamente con José Padua Castillo y Robert Montás Ruiz, fue detenido en flagrante delito, y guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-Anamuya), del municipio de Higüey.
Sus arrestos se ejecutaron en fecha 18 de julio del año 2024, aproximadamente a las 7:42 de la noche, en la carretera Bayahibe-Dominicus, próximo al parque nacional Cotubanamá, del distrito municipal de Bayahibe, en el municipio de San Rafael del Yuma, luego de que le ocuparan 6 kilogramos de cocaína clrohidratada.