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El Ministerio Público destacó el papel fundamental del apoyo interinstitucional para descubrir el entramado del robo de más de 900,000 municiones desde la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, en el caso conocido como "Operación Pandora".
Las instituciones clave en este esfuerzo han sido el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de la Policía Nacional y la Inspectoría General de la uniformada.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informó que la investigación sigue en curso, lo que podría resultar en la identificación de nuevos implicados a medida que se obtengan más evidencias.
Camacho afirmó que se procederá con rigor hasta llegar a "las últimas consecuencias" en este caso, debido a la gravedad de los delitos y la necesidad de defender la institucionalidad.
El proceso judicial continuará la próxima semana, ya que la jueza Fátima Veloz decidió aplazar la audiencia para la solicitud de medida de coerción contra los implicados al 25 de noviembre.
Este aplazamiento fue concedido para permitir que la defensa analice las 213 páginas de la acusación, que incluyen 135 elementos de prueba en contra de los 10 individuos y la entidad jurídica involucrados.
Entre los imputados figuran altos cargos y miembros de la Policía Nacional, como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, el exsubintendente Juan Miguel Pérez Soler, y el capitán Víctor Manuel Santos, auditor que habría manipulado una auditoría clave en febrero.
También se señala a la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L., vinculada al segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio.
La Operación Pandora, que tuvo lugar en octubre, incluyó la movilización de más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 40 fiscales, quienes llevaron a cabo allanamientos en varias provincias del país.
En estas intervenciones se incautaron armas, municiones, evidencia digital, y otros elementos que sustentan las acusaciones presentadas.
El Ministerio Público sigue comprometido con esclarecer completamente los hechos, protegiendo la transparencia y la legalidad en el manejo de armas y municiones en el país.