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El exprocurador general de República, Jean Alain Rodríguez consideró este miércoles que el incumplimiento, por parte del Estado, de acatar la opinión de un grupo de trabajo de la ONU que solicita su puesta en libertad por irregularidades en el proceso por corrupción en su contra tendría consecuencias para el país.
Así lo manifestó Rodríguez durante una rueda de prensa convocada para valorar el informe emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias relativo a su caso, que recomienda la inmediata liberación del antiguo procurador y «concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho Internacional».
«El no acatar una decisión de la ONU podría generar consecuencias de inseguridad jurídica diplomática«, afirmó el exfuncionario, quien recordó que República Dominicana logró recientemente formar parte, por primera vez, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Para Rodríguez, no tendría sentido «desatender una decisión del mismo órgano» en el que el país ha entrado tras «un año y medio de lobby diplomático».
«Yo estoy convencido de que el país no lo va a permitir, que el Gobierno no haría algo así», indicó.
Rodríguez, que ostentó el cargo de procurador entre 2016 y 2020, está en arresto domiciliario y lleva grillete electrónico desde enero pasado, tras permanecer en prisión preventiva durante 18 meses acusado de encabezar una supuesta red de corrupción que estafó miles de millones de pesos al Estado dominicano y que se desarticuló con la denominada operación Medusa.
Sin embargo, el grupo de la ONU cree que la detención fue «arbitraria» por irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por el hecho de que el día de su arresto, el 29 de junio de 2021, no se presentó debidamente la orden de detención ni se explicaron las razones de la misma.
El informe expone que Rodríguez solo pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia pasadas dos semanas de la detención, pese a que las normas internacionales de derechos humanos establecen que ese lapso no debe superar las 48 horas.
Además, se le aplicó prisión preventiva de 18 meses antes del juicio, sin que se presentaran argumentos razonables sobre un posible riesgo de fuga, y durante el proceso los magistrados se negaron a examinar los alegatos relativos a la detención arbitraria, entre otras anomalías mencionadas en el texto.
«Nuestro proceso ha venido con violación, tras violación, tras violación», dijo el exprocurador, quien insistió en que nunca ha tenido intención de abandonar el país: «todos mis intereses están en la República Dominicana, no tengo nada que temer de este proceso porque mis cuentas están claras y tengo cómo justificar (…) todos y cada uno de los bienes» obtenidos en 25 años de ejercicio profesional.
Con esta recomendación, señaló, la ONU «está diciéndole a la República Dominicana, le está diciendo al Gobierno», que «hemos violado la Declaración Universal de Derechos Humanos»,así como «todos los procedimientos y los tratados internacionales» suscritos por el país en esta materia y ratificados por el Congreso dominicano.
En el informe, emitido en respuesta a una solicitud presentada por la defensa de Rodríguez en marzo de 2022, los expertos de la instancia de la ONU también reclaman al Gobierno dominicano una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación de libertad del exprocurador y que «adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos».
Los abogados defensores Gustavo Biaggi y Nelys Rivas explicaron que el Estado dominicano tiene conocimiento de esta decisión desde el 5 de noviembre, cuando fue notificada a la Cancillería, que la tramitó al Poder Ejecutivo y este, a su vez, a la Procuraduría General como órgano vinculante en el proceso.
Al ser cuestionados por las consecuencias concretas de no atender a la solicitud del órgano de la ONU, Rivas aludió a la reciente expulsión de Rusia de ese Consejo de Derechos Humanos por haber constatado que «se habían cometido violaciones, y República Dominicana en su momento, votó a favor de su expulsión».
También apuntaron al caso de Libia en 2011, igualmente «expulsada» por ese órgano «por haber cometido violaciones a los derechos humanos» y la misma sanción que puede tener República Dominicana», adujo la abogada.
Insistieron, además, en aclarar que la aplicación de la petición del grupo de la ONU de puesta en libertad de Rodríguez «no aniquila ningún proceso», ya que la causa «va a continuar, pero con él en libertad», como solicitó ante el tribunal que lo juzga, para que dispusiera el cese del arresto domiciliario y la retirada del grillete electrónico.