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Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó que Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fundamentó la imposición de medida de coerción contra su cliente por tratarse de un funcionario de “alta jerarquía” que representaba un peligro para la investigación.
“Tras la decisión de la jueza, evidentemente no estamos conformes. Ella rechazó nuestra solicitud de nulidad de las actuaciones, basándose en que no tenía elementos suficientes para determinar si lo que planteamos ocurrió o no”, manifestó Acosta a su salida de la audiencia en la que se dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Hugo Beras, implicado en la Operación Camaleón.
Con respecto a la prisión preventiva, Acosta sostuvo que la jueza argumentó que, como Beras había sido un funcionario de “alta jerarquía”, existía un riesgo para la investigación, “a pesar de que él ya no ocupa esa posición y no tiene el poder que ella le atribuye”.
Indicó que respeta “profundamente” a la jueza, pero discrepa de su decisión y aseguró que procederá a apelar.
“Esto no ha terminado, apenas comienza, y vamos a luchar para que Hugo regrese a su casa con su familia y sus hijos”, declaró la jurista, al tiempo que agregó que en la investigación hay “grandes intereses” y que Hugo ha sido un “chivo expiatorio”.
La misma medida de 18 meses de prisión también fue impuesta por la jueza al empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi Gómez- y Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Tanto Hugo Beras como estos últimos dos deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
En caso de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, la magistrada dictó arresto domiciliario como medida de coerción.
Asimismo, la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica para Frank Rafael Atilano Díaz Warden, ex coordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
De igual modo, la jueza dispuso esta mismas medidas para Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de Inprosol SRL desviando dinero adjudicado a Transcore Latam SRL, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, que era el titular de la Dirección Administrativa y Financiera del Intrant.
De acuerdo con el órgano persecutor los implicados formaron una red de corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios ligados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).