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El abogado Julio Cury consideró este miércoles en El Sol de la Mañana que no es competencia de la Suprema Corte de Justicia regular mediante una resolución los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, debido a que estos sólo pueden ser motivados en virtud de leyes orgánica.
Esto a propósito de la política de protección de datos que busca implementar la Suprema Corte de Justicia.
Según Cury, con esta resolución se pretende privar a las fuentes de los nombres de las partes de algunos procesos, que discrecionalmente el Poder Judicial pueda entender que son sensitivos y que pudiera haber una suerte de revictimización en perjuicio de ellos, pero aclaró que eso no es una competencia de la que ellos disponen, al considerarlo una reserva de Ley Orgánica.
En ese sentido, aclaró que no está de acuerdo con la filtración de información de investigación en la primera fase del proceso al considerarla secreta.
Aseguró que el Código Penal lo prevé, aunque resaltó que lo que nunca se sabe es por donde es que se filtra la información, si es a través del juez, del secretario del tribunal o del Ministerio Público.
Especificó que un proceso consta de tres etapas: preparatoria, preliminar y de fondo. y resaltó que todo lo que se debate y conoce en la etapa preparatoria es secreto.
“La pretensión de esta política va más allá de la preservación del secreto de la etapa preparatoria del proceso penal”, es decir, que se quiere sustraer de la sociedad, los nombres de las personas que están involucradas en procesos penales de violencia de género e intrafamiliar, planteó.
Procesos Filtrados
Consideró que no es secreto que para obtener prisión preventiva se ha apostado a invertir el orden lógico de las cosas, “ya sabemos que las medidas de coerción aquí no son preventivas sino coercitivas, punitivas”, se presentan con la condición de que operen son como un castigo.
Planteó que cuando se filtra información de la primera etapa del proceso se condiciona a la opinión pública y a los propios jueces a tomar decisiones e hizo referencia a los recientes casos que se conocen, de los qué consideró “no ha habido necesidad de someter estas personas a medida de coerción”.