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Santo Domingo, -La justicia dominicana cerrará este año 2022 con importantes juicios por corrupción abiertos, procesos que implican a altos funcionarios de la anterior administración y de la actual, y que han supuesto el desfalco de miles de millones de pesos de los fondos públicos.
Entre los inculpados en estos procesos están un exprocurador general de la República, dos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020), varios miembros de la Cámara de Cuentas y altos mandos militares, que guardan distintas medidas de coerción mientras los avances en los tribunales se producen con lentitud.
Recientemente se aplazó al próximo mes de febrero el juicio preliminar por el caso Medusa.
Este acusa de múltiples delitos al anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), como supuesto cabecilla de una red de corrupción que manejó más de 1.000 millones de pesos (18 millones de dólares) en sobornos, según la acusación.
El Ministerio Público presentó en julio pasado acusación formal por este caso, que incluye a 41 imputados, 22 empresas y más de 400 testigos.
Rodríguez, quien guarda prisión preventiva desde julio de 2021, ha negado insistentemente la acusación en su contra.
Con un expediente de más de 12.000 páginas y archivos de 60.000, la extensión total sumaría hasta seis millones de páginas.
Este llevó a los abogados del exprocurador a pedir un aplazamiento argumentando que se necesitaría un año para leer toda la documentación, aunque el juez sólo concedió un par de meses para estudiar las pruebas acusatorias.
El caso Antipulpo involucra a Juan Alexis Medina y a la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina, ambos hermanos del pasado presidente Danilo Medina, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Según el expediente acusatorio, Alexis Medina, principal acusado, creó un entramado societario y, mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
En agosto pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario por haberse sobrepasado el plazo de 18 meses estipulado como límite para que el imputado permanezca en la cárcel sin que comience el juicio preceptivo.
Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas.
Así como tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.
Se trata de dos casos vinculados que involucran a generales y coroneles de varios cuerpos de las fuerzas de seguridad dominicanas, algunos de la seguridad del expresidente Medina.
Como resultado de la operación Coral y de su derivada Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 30 personas físicas y 18 personas jurídicas por supuesta corrupción administrativa.
Eso, por haber defraudado al Estado dominicano,presuntamente, más de 4.000 millones de pesos (72 millones de dólares), según refleja el expediente acusatorio, que supera las 2.200 páginas.
El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
A estos casos que vinculan a integrantes de la anterior administración se suman acusaciones contra funcionarios del presente gobierno, como el caso por fraude destapado con la denominada Operación 13 en la Lotería Nacional.
El proceso involucra al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent y a otros ocho acusados de perpetrar un supuesto fraude de más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares).
La accición ocurrió durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021, en el que el número que resultó ganador del primer premio fue el 13, de ahí el nombre del caso.
Además, hay una serie de funcionarios del actual Gobierno apartados forzosa o voluntariamente de su cargo, entre ellos el exministro de Educación Roberto Fulcar, destituido por supuestas irregularidades en su cartera.
También estám el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) Cecilio Rodríguez, por las denuncias de irregularidades en un proceso de licitación.
Asimismo, el exsuperintendente de electricidad Rafael Velasco, tras conocerse un escándalo por aumento de salarios, y el exministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla, señalado en distintos escándalos y expedientes de corrupción en actividades privadas.
Fuente: EFE