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ELPAIS.- El regreso de Rafael Correa a Ecuador a la primera línea de la política se complicó este martes al ser condenado como líder de una red de sobornos. La Corte Nacional, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, ha sentenciado al expresidente y todos los miembros de su Gobierno procesados a ocho años de cárcel y otros 25 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de cohecho agravado. Según la decisión judicial, quedó probado que el exmandatario obtenía recursos de empresas privadas para la campaña del partido con el que gobernó durante una década, Alianza País, a cambio de ofrecerles contratos con el Estado.
Correa, que reside en Bélgica, estuvo pendiente a través de las redes sociales de la decisión judicial que se da en Ecuador en medio de una cruda crisis sanitaria por el coronavirus. El expresidente ya se había mostrado resignado desde el inicio a un resultado desfavorable: "Esto era lo que buscaban: manejando la justicia, lograr lo que nunca pudieron en las urnas”, publicó en su perfil de Twitter, al anunciar que acudirá a sedes internacionales para cuestionar la sentencia, a la que calificó de “mamarrachada”. Pero, reconoció, “toma tiempo”.
Además del expresidente, otros 17 acusados recibieron la misma condena de cárcel por su participación en la trama de irregularidades, entre ellos, su exvicepresidente Jorge Glas, que ya cumple condena en prisión de seis años por el caso Odebrecht. Además, está su exsecretario jurídico de Presidencia, Alexis Mera, y sus exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado, y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri. Del total de los sentenciados, 10 son empresarios. La constructora brasileña, que había sido implicada al inicio de la investigación, finalmente no fue acusada por la Fiscalía.
Las dos principales testigos, la exasesora de Presidencia Pamela Martínez y la exasistente Laura Terán, han recibido una pena mucho menor por colaborar con la justicia aportando pruebas sobre la trama de sobornos. La primera fue condenada a tres años y dos meses de cárcel y la segunda, a un año y siete meses. Entre las dos llevaban anotaciones y un registro de los pagos recibidos y las formas de canalizar el dinero, en efectivo o con cruce de facturas con los contratistas públicos.
Además de la sentencia a prisión y la inhabilitación política, los jueces de la Corte Nacional han impuesto, como parte de la reparación al Estado por el perjuicio causado, la colocación en Presidencia de una placa pidiendo disculpas públicas y la obligación de que los condenados cumplan un curso de 300 horas sobre ética y transparencia en la Administración Pública.