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El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, ubicado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, no dispone de un sistema de cámaras de seguridad.
Hasta octubre de este año, el centro penitenciario albergaba a 618 internos, de los cuales 196 eran presos preventivos, y nunca ha contado con un sistema de vigilancia en sus instalaciones.
Edwin Marine, coordinador de la Defensa Pública en esta ciudad, afirmó que nunca ha visto cámaras en funcionamiento, y Rosa Sánchez, directora del CCR, corroboró que no existe tal sistema.
Por su parte, Rebbeca Hernández, representante de los Derechos Humanos en San Francisco de Macorís, señaló que la ausencia de cámaras se debe a que “a ellos no les conviene” tenerlas, refiriéndose al sistema penitenciario.
“A cada rato estoy yo denunciado los maltratos a los presos, les dan tantos golpes que luego se mueren. A ellos no les conviene”, agregó Hernández.
Esta problemática no se limita a la provincia Duarte, ya que desde 2012, las cámaras de vigilancia del CCR La Isleta en Moca, provincia Espaillat, tampoco están operativas. El activista social Juan (Guanchi) Comprés calificó de negligente que este CCR haya estado sin un sistema de vigilancia funcional durante aproximadamente 12 años.
“Es inaceptable que en un centro correccional, donde se deben garantizar las medidas de seguridad más estrictas, las cámaras no estén funcionando. ¿Qué sucederá si ocurre una desgracia y no hay grabaciones que permitan esclarecer los hechos? ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de todos si no podemos contar con un sistema de vigilancia básico?”, estableció Comprés.
El líder comunitario y líder del grupo Los Peregrinos exigió la intervención inmediata de las autoridades ante esta situación, que representa un riesgo tanto para la seguridad de los internos como para el personal.
La cárcel de Valverde también enfrenta problemas
El Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao en la provincia Valverde nunca ha tenido un sistema de cámaras de seguridad, a pesar de los incidentes en los que al menos un interno ha perdido la vida. En octubre, dos reclusos secuestraron a un vigilante del recinto, y en ninguno de estos casos se han podido grabar los sucesos.
“Se denuncian frecuentemente el ingreso de llamadas ‘palomas’ o sustancias controladas enviadas desde el exterior hacia el interior de la cárcel, sin que se pueda someter a los responsables por la falta de dispositivos de seguridad. El evento más reciente ocurrió hace semanas”, explicó Sheila Thomas, coordinadora de la Defensa Pública en Valverde.
Thomas propuso la instalación de dispositivos de vigilancia en las áreas comunes y en el exterior del centro para controlar el ingreso de narcóticos.