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La Policía italiana detuvo este jueves a 25 personas en una operación contra la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, en Brescia, al norte de Italia, entre los detenidos se encontraba una monja, quien usaba su posición de religiosa para ingresar a las cárceles y actuar como intermediaria entre los reclusos y la organización criminal.
La investigación, coordinada por la Fiscalía Antimafia y la Fiscalía de Brescia, reveló la existencia de una red criminal que operaba en la provincia de Brescia.
La mafia calabresa había establecido acuerdos con otros grupos delictivos en la periferia de la ciudad para llevar a cabo actividades ilícitas.
Durante la operación, se requisaron fondos financieros y bienes por un valor de más de 1,8 millones de euros. Los detenidos eran residentes de diversas provincias italianas, además de España. La operación ha puesto de manifiesto la expansión y las ramificaciones de la ‘Ndrangheta en varias regiones.
La organización era capaz de «penetrar en las estructuras penitenciarias y enviar mensajes a los reclusos» utilizando a una monja que aprovechó “su cargo espiritual” para acceder libremente a las cárceles, confirmó la Policía en un comunicado.
La religiosa, cuya identidad fue revelada por los medios locales, es Anna Donelli, que llevaba 15 años como voluntaria en la cárcel de San Vittore de Milán (norte) tras haber realizado esa misma labor en otras prisiones de Pavia y Roma.
También fueron puestos bajo arresto domiciliario Giovanni Acri, exconcejal municipal de Brescia del partido Hermanos de Italia, y Mauro Galeazzi , ex miembro de la Liga en el municipio de Castel Mella, ya detenido en el pasado por sobornos y luego absuelto y al que ahora se acusa de pactar con la mafia para obtener apoyo electoral del clan a cambio de futuros beneficios ilícitos económicos recíprocos.
Los detenidos están acusados de extorsión, tráfico de armas y drogas, recepción de bienes robados, usura, delitos fiscales, blanqueo de capitales, así como intercambio electoral político-mafioso.
La organización «local» era capaz de «llevar a cabo las acciones típicas de las organizaciones mafiosas»; como extorsiones, tráfico de drogas y armas, receptación e intercambio electoral político-mafiosos, porque fueron capaces de replicar el vínculo asociativo de su matriz.
Además, habrían constituido múltiples empresas “pantalla” que operaban en el sector del comercio de chatarra, que emitieron facturas ficticias por unos 12 millones de euros, con el objetivo de permitir que los empresarios cómplices, descontando la comisión que correspondía a la organización, se beneficiaran de la reducción de impuestos y de blanquear el dinero proveniente de los delitos cometidos, explicaron en un comunicado.