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ANTO DOMINGO. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y otros cuatro integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional.
Junto a López fueron acusados sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, todas estas empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
Por su participación en esta red, permanece prófugo el socio de Miky López, el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.
El titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Luis González, y la procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, junto a un equipo de fiscales, pudieron concluir una imputación denominada “La Acusación de acero”, por la contundencia de las evidencias reunidas, las que facilitarán obtener una condena al cabo de un juicio de fondo.
De acuerdo con el órgano de la persecución penal, esta organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de dos mil millones de pesos, información corroborada por los movimientos económicos recurrentes en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas. El 2 de marzo de 2019, se le ocuparon de 111,722 pastillas de éxtasis.
Los imputados se enfrentan a la imputación de violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la anterior norma en esa materia, la 72-02. Infringieron, además, las leyes 11-92, sobre Régimen Tributario, y 183-02, Monetaria y Financiera.
La acusación contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para destruir la presunción de la inocencia de las cinco personas físicas y cuatro personas jurídicas acusadas.
En el proceso de investigación, se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.