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La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este viernes la detención arbitraria de Nahuel Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, por parte del régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro. La entidad calificó el hecho como un “crimen de lesa humanidad” según lo estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, señaló que el arresto constituye una grave violación de las normas internacionales, como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ya que a Gallo se le negó el acceso a asistencia consular y jurídica. “Estos actos evidencian la continua violación de los derechos humanos por parte del régimen venezolano”, declaró Almagro, exigiendo la liberación inmediata del detenido y garantías sobre su integridad física.
El gobierno argentino, por su parte, renovó este viernes su reclamo de liberación tras la difusión de imágenes del gendarme, quien está detenido desde el 8 de diciembre. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la divulgación de un video y una fotografía que muestran a Gallo en un lugar indeterminado. Bullrich calificó las imágenes como un intento del régimen de Maduro de aparentar normalidad, exigiendo que el gendarme sea enviado de inmediato a Argentina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2025, otorgando medidas cautelares para proteger a Gallo ante la falta de información sobre su paradero. Según la CIDH, el agente argentino está en una situación crítica que requiere atención inmediata.
Gallo ingresó a Venezuela el 8 de diciembre desde Colombia por un paso fronterizo terrestre con todos los documentos en regla, incluyendo un pasaporte vigente y un boleto de retorno. Su intención era visitar a su pareja, con quien tiene un hijo. Sin embargo, fue detenido durante una inspección, se le confiscó su teléfono y quedó incomunicado.
El canciller argentino Gerardo Werthein afirmó que el caso evidencia graves transgresiones al derecho internacional y a los derechos humanos en Venezuela, añadiendo presión a la denuncia presentada por Argentina ante la Corte Penal Internacional y la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.