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La violencia en Haití causó la muerte de al menos 1,223 personas y dejó 522 heridos entre julio y septiembre de este año, según un informe publicado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
El reporte también destaca la gravedad de los secuestros, con 170 personas retenidas para pedir rescate.
Entre las víctimas mortales se encuentran seis menores de apenas 10 años, lo que subraya el impacto de la crisis en la población más vulnerable.
La ONU advirtió sobre la compleja situación de seguridad en el país, exacerbada por la actividad de las bandas armadas, y enfatizó la necesidad de medidas de protección para la población.
La gran mayoría de estos casos se documentaron en el área metropolitana de Puerto Príncipe, seguida de Artibonite y Grand’Anse, de acuerdo con el informe, que recordó que en el trimestre abril-junio murieron al menos 945 personas y 434 resultaron heridas a causa de la imparable violencia en este deprimido país caribeño.
Los datos de la Binuh también ponen de relieve la persistencia de las denuncias de ejecuciones sumarias, en las que están implicadas unidades especializadas de la Policía Nacional.
En el documento, la oficina de la ONU expresó preocupación por los continuos actos de violencia sexual cometidos por las bandas contra mujeres y niñas.
Varias víctimas fueron atacadas mientras caminaban o utilizaban vehículos de transporte público.
«Algunas de ellas fueron asesinadas tras ser violadas», reveló el informe.
El impacto de la violencia sobre los niños sigue siendo especialmente preocupante. Durante el tercer trimestre de este año, al menos 59 niños y niñas fueron asesinados y heridos, víctimas de asesinatos, lesiones, secuestros y violencia sexual.
Estos niños también fueron víctimas de la trata de personas y del reclutamiento por parte de las bandas.
Ante esta situación de inseguridad y violencia, la Binuh recomienda a la comunidad internacional que mantenga a Haití en su agenda y acelere el despliegue completo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, de acuerdo con las normas y estándares de derechos humanos.
También recomienda que los Estados de la región intensifiquen las inspecciones de los cargamentos con destino a Haití en su territorio, incluidos puertos marítimos y aeropuertos, de conformidad con las Resoluciones 2653 (2022) y 2752 (2024) del Consejo de Seguridad de la ONU, que imponen un embargo de armas.
Asimismo, sugiere que el Gobierno haitiano acelere la aplicación efectiva del proceso de investigación de antecedentes a los miembros de la Policía Nacional y lleve ante la justicia a los agentes implicados en graves violaciones de los derechos humanos.