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Participación Ciudadana presentó su informe anual, donde afirmó que en 2024 la lucha contra la corrupción mostró un notable estancamiento.
La organización señaló que organismos como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el Congreso Nacional y la Contraloría General evidenciaron una limitada acción en la fiscalización.
El informe también denunció la lentitud en el avance de casos de corrupción en los tribunales y criticó la norma judicial que restringe el acceso a información sobre los imputados.
Según la entidad, estos casos involucran fondos públicos superiores a RD$56 mil millones, equivalentes a casi mil millones de dólares, lo que resalta la magnitud del problema.
Participación Ciudadana instó a las autoridades a redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción para evitar mayores retrocesos y recuperar la confianza ciudadana.
Erick Hernández Machado Santana, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que uno de los temas más preocupantes en 2024 ha sido la lentitud de los tribunales en procesar casos de corrupción pública.
"Tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias que aplazan las audiencias por razones injustificables, como supuestas enfermedades, compromisos sociales o viajes al extranjero", señaló.
Machado Santana también destacó la inoperancia de la Cámara de Cuentas, que, tras los escándalos del 2023, "se muestra prácticamente paralizada". Al cierre del año, no había publicado una sola auditoría, lo que representa un retroceso en su desempeño.
No obstante, reconoció avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, que reemplaza a la Ley No. 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor del Decreto No. 416-23, que actualiza el reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones.
La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), según el informe, ha reducido significativamente sus actividades en comparación con el 2023.
Aunque su titular, Milagros Ortiz Bosch, aseguró haber presentado más de 46 denuncias por corrupción administrativa, estas han sido remitidas al Ministerio de Administración Pública y a la Procuraduría General de la República, donde "no hay constancia de que se estén investigando", señaló el informe.
En tanto, la Contraloría General y sus unidades de auditoría también disminuyeron sus publicaciones de informes, profundizando la percepción de inacción en la fiscalización interna.
El organismo señaló que casos como Antipulpo, Coral, Medusa y Calamar acumulan años de retrasos. Por ejemplo:
· Antipulpo lleva cuatro años en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con más de RD$4,796 millones involucrados.
· Coral, en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cumple cuatro años en diciembre de 2025 y abarca RD$4,500 millones.
· Medusa enfrenta demoras tras dos años de audiencias preliminares, con RD$6,000 millones comprometidos.
· Calamar, que involucra más de RD$41,000 millones, aún no ha concluido su audiencia preliminar.
El informe recordó que el Código Procesal Penal establece un plazo de cuatro años para dictar sentencia, pero criticó la interpretación estrictamente matemática de este límite, ignorando el mandato de razonabilidad, especialmente en casos complejos con múltiples imputados.
Participación Ciudadana también alertó sobre una nueva normativa que prioriza la privacidad de los imputados, limitando el acceso a información pública y contraviniendo el principio constitucional de la transparencia en los procesos judiciales.
Entre los aspectos positivos del 2024, se destacó la organización de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, aunque se reportó una disminución en la participación ciudadana. También subrayó el desempeño económico del país, con un crecimiento cercano al 5%, estabilidad y control de la inflación. Sin embargo, lamentó el aumento del nivel de endeudamiento.
Finalmente, Participación Ciudadana resaltó el papel de la sociedad dominicana en exigir respeto al orden institucional y a las leyes vigentes, citando como ejemplo el rechazo generalizado a la propuesta de la Ley del DNI.
De cara al 2025, reiteró su compromiso de fortalecer la democracia, fiscalizar el uso de los recursos públicos y acompañar al pueblo dominicano en su lucha por la justicia y el respeto de sus derechos.