Las organizaciones políticas trabajan en un borrador que busca modificar los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, con el objetivo de definir y regular las candidaturas independientes tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El documento, que sería presentado en breve a la Junta Central Electoral (JCE), pretende consensuar las modificaciones necesarias para que, una vez revisadas por el organismo electoral, sean enviadas al Congreso Nacional. La medida responde a la sentencia TC/0788/24, que introdujo la posibilidad de candidaturas independientes al margen de los partidos políticos, lo cual ha generado rechazo entre las principales organizaciones partidarias.
Postura de los partidos
Los partidos consideran que la sentencia del TC excede sus atribuciones al legislar sobre una materia que, según argumentan, es competencia exclusiva del Congreso Nacional. Según fuentes, las organizaciones trabajan en un planteamiento que permita armonizar los nuevos criterios con la normativa vigente y el sistema electoral dominicano.
Uno de los puntos discutidos en el anteproyecto establece que un individuo no podrá presentarse como precandidato o candidato de un partido político y, simultáneamente, optar por una candidatura independiente en el mismo proceso electoral.
Detalles de la propuesta
El fallo del TC
La sentencia TC/0788/24 declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley Electoral, argumentando que su redacción contravenía el principio de razonabilidad constitucional. La decisión abrió una vía para candidaturas independientes a nivel nacional, provincial, municipal o distrital, a través de agrupaciones cívicas.
Impacto en el sistema político
Los partidos han expresado preocupación por las posibles repercusiones de esta decisión, advirtiendo que podría debilitar el sistema democrático y el funcionamiento de las organizaciones políticas tradicionales. Sectores empresariales y religiosos también han manifestado inquietudes sobre las implicaciones de la sentencia.
Por su parte, el Movimiento Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han señalado que cualquier reforma a la Ley Electoral debe ser realizada por el Congreso Nacional, en línea con el artículo 112 de la Constitución.