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Charles Mariotti asegura designación de Carlos Pimentel en Alianzas Público Privadas viola la Constitución 

Mariotti explicó que la designación de Pimentel viola la Carta Magna en su artículo 144 que apunta: “Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia.”

Vicner Ogando
24 octubre, 2024 - 9:42 AM
3 minutos de lectura
PLD asegura designación de Carlos Pimentel en Alianzas Público Privadas incumple la Constitución 
Violación Constitución 
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El secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Charles Mariotti, reaccionó a la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Público Privada, advirtiendo que dicha disposición viola normas legales y constitucionales.

Mariotti, ofreció las declaraciones ”sustentada en análisis y ponderaciones legales del partido morado y sus expertos en la Función Pública”.

“Estas disposiciones, más allá de los varios salarios, obedecen a los principios de eficacia y eficiencia de la administración pública, debido a la imposibilidad de que una misma persona pueda desempeñar dos roles simultáneos en un mismo horario dentro de la administración. Mucho más si se trata de los puestos de mayor jerarquía y altos niveles de responsabilidad como las instituciones involucradas”, precisó Mariotti.

Mariotti explicó que la designación de Pimentel viola la Carta Magna en su artículo 144 que apunta: “Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia.”

Añadió que también viola la Ley 41-08 de Función Pública en su artículo 80 y la propia Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, que establece que su incumbente no debe desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente.

El PLD considera que la designación de un mismo funcionario en dos o más instituciones del Gobierno afecta la eficacia y eficiencia de los resultados esperados por los ciudadanos en la entrega de los servicios públicos.

«Dicha dualidad de responsabilidades pone en riesgo el contrapeso de los sistemas de control en la administración pública, al poner en manos de una misma persona roles de regulación y de ejecución, haciéndolo juez y parte”, afirma.

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