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Santo Domingo.- El Ministerio Público informó este miércoles que presentó acusación formal contra dos personas y una "empresa de fachada" bajo acusaciones de formar una estructura dedicada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos con asiento en La Vega.
Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, tras una investigación que manejaba la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con el almacenamiento de mercancías ilícitas, luego de un allanamiento realizado en el sector del Estadio Olímpico, en esa ciudad, afirmó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
En el allanamiento se ocuparon varios productos ilícitos, incluyendo 112 aires acondicionados (nuevos), cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, así como piezas y joyas de alto valor económico.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, la investigación financiera, lo que permitió identificar que Castillo pasó de mover 3,000 pesos en su cuenta de ahorros a crecer de manera gigantesca entre 2022 y 2024, con movimientos ascendentes a 585,586,839.98 pesos.
La información precisó que en la actualidad la cuenta del acusado presenta un balance de 46,958,927.32 pesos.
Asimismo, según la acusación, Castillo Tejada utilizaba a su madre, la también imputada Angélica Inés Tejada Hernández, como prestanombre, quien, de igual manera, no puede justificar el origen lícito de esa gran cantidad de dinero.
Ambos constituyeron una empresa sin operatividad, de nombre White Castle Real Estate.
La pasada semana se practicaron cinco incautaciones, destacándose la vivienda de tres niveles donde se ocupó las mercancías ilícitas, un drink-colmado, además de otras propiedades que se valoran en unos veinticinco millones de pesos.
Se acusan a los imputados de violentar las disposiciones de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la 17-19, sobre Tráfico Ilícito de Mercancías y la 168-21, sobre Contrabando en la República Dominicana, así como la Ley 11-92 de régimen tributario y la 183-02 sobre Ley Monetaria y Financiera.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, destacaron que la acusación representa un firme compromiso contra la criminalidad organizada y que reúne las pruebas necesarias para individualizar y lograr una sanción ejemplar.
Comunicaron a la vez, que la investigación estuvo a cargo del procurador fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Claudio Alberto Cordero Jiménez.