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El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, no compareció este domingo ante la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, donde debía ser interrogado por decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La Fiscalía había enviado la citación el 11 de diciembre, confirmando que la Oficina Presidencial recibió el documento.
Los fiscales anunciaron que enviarán una segunda citación este lunes, tras la inasistencia del mandatario. La situación se agrava en medio de la destitución de Yoon por parte del Parlamento, decisión motivada por su controvertida declaración del estado de excepción.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Yoon fue destituido ayer por el Parlamento con los votos de al menos 12 diputados de su formación, el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), y sus funciones las ejerce ahora de manera interina el primer ministro, Han Duck-soo.
Yoon queda ahora a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.