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La Procuraduría General de la República (PGR) entregó cerca de 391 millones de pesos a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) que luchan contra las drogas.
Los fondos entregados a las instituciones fueron decomisados mediante sentencias definitivas e irrevocablemente juzgadas en casos de condenados por narcotráfico y lavado de activos en diferentes jurisdicciones del país.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que los fondos entregados a las instituciones corresponden a decomisos definitivos como consecuencia de la ejecución de diversas sentencias penales que ya han adquirido el carácter de lo irrevocablemente juzgado y que ascienden a la suma de 391 millones 156 mil 67 pesos, en aplicación del artículo 33, aún vigente, de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificado por la Ley 196-11.
Destacó que la actividad estuvo precedida de una incansable labor de seguimiento por la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público ante las instancias judiciales correspondientes y con el apoyo de las fiscalías a los fines de concluir los procesos judiciales que ordenan los decomisos definitivos.
“Quiero aprovechar la ocasión para reiterar el llamado para que el proceso de cambio legislativo que se pretende realizar, referente a los bienes incautados y decomisados, se lleve a cabo dentro de las previsiones constitucionales vigentes y al proceso penal que rige nuestro país”, expresó Germán.
Adelantó, también, que en lo adelante darán inicio al proceso de la venta de más de 90 inmuebles decomisados definitivamente.
En el acto, que se llevó a cabo en el salón de actos del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, estuvieron presentes José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Alejandro Fernández, superintendente de Bancos; Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND).
Así como también vicealmirante José Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD; mayor general Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional; Aileen Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero y, Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público.