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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el domingo 5 de enero la Ley de Equidad de la Seguridad Social(Social Security Fairness Act), una legislación que elimina restricciones sobre los beneficios del Seguro Social para millones de trabajadores jubilados que también reciben pensiones del sector público.
La firma, realizada durante un acto en la Casa Blanca, representa una de las últimas piezas legislativas importantes de su mandato, según informó ABC News.
Durante su intervención antes de rubricar la ley, Biden destacó la relevancia de la medida para garantizar la estabilidad financiera de los trabajadores jubilados. “El proyecto de ley que firmo hoy se basa en una proposición simple: los estadounidenses que han trabajado duro toda su vida para ganarse la vida de forma honesta, deben poder jubilarse con seguridad económica y dignidad”, afirmó el presidente.
La Ley de Equidad de la Seguridad Social deroga dos disposiciones clave que, desde hace décadas, limitaban los beneficios de jubilación para empleados públicos con pensiones y para sus familiares. Entre ellas, la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP), que reducía los pagos de Seguridad Social para personas que también recibían una pensión pública y no habían cotizado lo suficiente al sistema de Seguro Social.
De la misma manera, la Compensación por Pensión del Gobierno (GPO) que afectaba a los cónyuges y sobrevivientes de empleados públicos, reduciendo o eliminando sus beneficios de Seguridad Social en función de la pensión del trabajador fallecido, de acuerdo con CBS News.
La nueva ley permitirá que más de 2,5 millones de jubilados del sector público reciban el monto completo de los beneficios de Seguro Social que les corresponde, sin las reducciones impuestas anteriormente por el WEP y el GPO. De acuerdo con estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), los beneficiarios verán un aumento promedio de 360 dólares mensuales en sus pagos de Seguridad Social para diciembre de 2025.
Además, unos 380.000 cónyuges que reciben beneficios en vida verán un incremento medio de 700 dólares mensuales, mientras que cerca de 390.000 cónyuges sobrevivientes obtendrán un aumento promedio de 1.190 dólares en sus beneficios.
La legislación también contempla un pago único retroactivo correspondiente a los beneficios no percibidos durante 2024. Según explicó Biden, esta compensación en algunos casos alcanzará varios miles de dólares, dependiendo del historial de cotización del beneficiario.
El camino hacia la aprobación de la ley fue largo y complejo. La primera audiencia sobre la WEP y la GPO en el Senado de Estados Unidos tuvo lugar en 2003. Desde entonces, varios intentos de reforma no lograron superar el proceso legislativo hasta este año.
El proyecto de ley, conocido formalmente como H.R. 82, fue aprobado con el respaldo bipartidista. La Cámara de Representantes votó a favor de la medida en noviembre, mientras que el Senado la aprobó el 21 de diciembre con una votación de 76 a 20, durante las últimas sesiones del 118º Congreso.
El senador republicano por Luisiana, Bill Cassidy, celebró la aprobación de la ley y destacó su importancia para los trabajadores del sector público. “Estoy agradecido de que en el gobierno federal estemos cumpliendo con una promesa sobre los beneficios ganados, devolviendo lo que se debe a las personas que han dedicado su vida a servir al público”, afirmó Cassidy tras la votación en el Senado.
Por su parte, el senador demócrata por Ohio, Sherrod Brown, calificó la legislación como “una forma de restaurar la equidad” para los trabajadores de su estado, señalando que aproximadamente 250.000 empleados en Ohio se beneficiarán directamente de la medida. Brown subrayó que esta ley representa “la dignidad del trabajo” y un reconocimiento a quienes han dedicado su vida al servicio público.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que la Ley de Equidad de la Seguridad Social añadirá 195.000 millones de dólares al déficit federal durante la próxima década. Algunos legisladores republicanos expresaron preocupaciones de última hora sobre el impacto fiscal de la medida, aunque estas objeciones no impidieron que el proyecto fuera aprobado con un amplio margen.
A pesar del apoyo bipartidista, la implementación de la nueva ley podría presentar desafíos logísticos y financieros. La Administración del Seguro Social (SSA) señaló que ya está trabajando en el proceso de aplicación de la ley y recomendó a los beneficiarios asegurarse de que sus datos bancarios y direcciones estén actualizados en el sistema.
Martha Shedden, presidenta de la Asociación Nacional de Analistas de Seguridad Social Registrados (NARSSA), advirtió que, aunque la ley aborda problemas importantes, no resuelve el impacto financiero general sobre los fondos fiduciarios del Seguro Social. Shedden indicó que la SSA enfrentará procedimientos administrativos complejos para garantizar que todos los beneficiarios reciban los pagos correctos de manera oportuna. La SSA aclaró que los beneficiarios no necesitan tomar ninguna acción adicional más allá de verificar su información personal a través de sus cuentas de “my Social Security” en línea.