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La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha decidido mantener la prisión preventiva para dos de los acusados en el caso Búfalo, relacionado con una supuesta red de narcotráfico que, según informes, operaba transportando grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros.
El tribunal confirmó la medida de coerción contra Juan Henríquez Tavárez y Severiano Núñez Pichardo, argumentando que las condiciones que justifican su encarcelamiento no han cambiado y que persiste un riesgo de fuga.
Además, los jueces decidieron aplazar la revisión del recurso de apelación presentado por Cristian Esteban Alcántara, Javier e Isidoro Rotestán Clase, con el fin de garantizar que uno de ellos pueda ser asistido por su abogado y que el otro sea trasladado al tribunal.
El grupo de imputados fue detenido en un operativo coordinado que se llevó a cabo por aire, mar y tierra en varias provincias, incluyendo Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Esta operación fue ejecutada por el Ministerio Público, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y contó con el apoyo del Ministerio de Defensa y organismos de inteligencia del Estado.
El 5 de octubre, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso como complejo y dictó doce meses de prisión preventiva para ocho de los diez imputados en la operación Búfalo NK. Estos individuos están acusados de ser parte de una red internacional de narcotráfico con conexiones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. El juez Rigoberto Sena ordenó la prisión preventiva de Rafael Ynoa Santana (El Cojo), Isidoro Rotestán Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
Por otro lado, el tribunal impuso como medida cautelar a Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana un impedimento de salida del país y garantías económicas de 500,000 y 200,000 pesos, respectivamente.