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El Gobierno dominicano defendió ante la comunidad internacional el derecho a las deportaciones de inmigrantes indocumentados y deploró las acusaciones de Haití que incluyen un supuesto racismo de Estado.
Mediante una nota diplomática titulada “Posición dominicana sobre asuntos esenciales de las relaciones con Haití incluyendo la migración”, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), reiteró que en el país no existe ninguna política de Estado para discriminar, promover la xenofobia, ni mucho menos maltratar a personas de ninguna nacionalidad.
“Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano”, añadió el MIREX.
Agregó que, al respecto, el Gobierno dominicano continúa comprometido con priorizar la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y por ello toma con gran seriedad cualquier denuncia relacionada con estos temas.
“El Gobierno haitiano y la comunidad internacional saben muy bien sobre el esfuerzo que hemos desplegado para que Haití recupere su normalidad. También saben cuál es el impacto que produce el crecimiento descontrolado de las migraciones sobre la economía y la estabilidad de un país”, destaca la nota diplomática
Asimismo, el Gobierno dominicano expresa la falta de interés de esos dos sectores para alcanzar una mejor gobernanza migratoria. No obstante, señala que República Dominicana si sabe lo que tienen que hacer para garantizar la estabilidad del país.
La Cancillería dominicana recordó que el año 1999 ambos gobiernos suscribieran el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre República Dominicana y la República de Haití. En ese convenio el Gobierno haitiano reconoció que el Gobierno dominicano tiene legítimo derecho a repatriar a los ciudadanos haitianos indocumentados en el territorio dominicano.
En consecuencia, se comprometió a establecer puestos de control migratorio a lo largo de la frontera dominico-haitiana, para evitar el flujo ilegal de sus ciudadanos hacia la República Dominicana, y a redoblar sus esfuerzos para dotar a sus nacionales de documentos de identidad haitiana, en el contexto del flujo migratorio potencial hacia la República Dominicana.
En el documento enviado a las delegaciones diplomáticas, la Cancillería invitó a indagar si el vecino país ha cumplido con lo que le corresponde de ese compromiso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió en este documento, que la inmigración irregular implica para el Gobierno dominicano una presión económica insostenible en los servicios públicos que se ofrecen gratuitamente como la salud y la educación.