De Moraes, pidió a la GSI que enviara todas las imágenes al tribunal y ordenó que la policía federal interrogara a todos los militares que aparecían en ellas. En el interrogatorio de ayer, que duró cinco horas, Dias declaró que aquel dramático día retiró a los extremistas, pero que no los detuvo porque estaba “a cargo de la gestión de crisis”.
Añadió que no había sido informado del riesgo de actos violentos previstos para ese fin de semana debido a un “apagón del sistema de inteligencia” que no permitió “tomar las decisiones adecuadas”. Dias es el primer ministro del gobierno de Lula en caer.
Apodado “Sombra”, por estar siempre cerca del presidente, ya sea en Brasilia, en viajes nacionales o internacionales, es uno de sus leales y trabajó para su seguridad en sus dos primeros mandatos (2002-2010) y también en el gobierno de Dilma Rousseff. El impacto de su dimisión – que habría sido forzada por el propio presidente, según rumores, recogidos por el sitio de noticias O Bastidor – a nivel político es enorme.
En primer lugar, Lula sale muy debilitado de este escándalo por la forma en que lo gestionó. Haber puesto un secreto oficial tan largo alegando que “no era razonable” revelar las imágenes porque pondría en peligro los procedimientos de seguridad del lugar donde trabaja el presidente parece, en retrospectiva, una justificación endeble.
También porque, en cambio, el mismo gobierno había distribuido a la prensa, una semana después de los hechos del 8 de enero, unos vídeos editados que mostraban la devastación de los bolsonaristas, muchos con el rostro cubierto, dentro del mismo edificio.
La duda que ahora divide a Brasil y que tendrá que ser aclarada por los órganos correspondientes, es si las manifestaciones del 8 de enero fueron infiltradas al fin de una instrumentalización política, como ocurrió en el pasado en las manifestaciones durante el Mundial de Fútbol de 2014.
Y si hubo omisión por parte de quienes también eran responsables a nivel federal de contener la invasión. Sobre todo, será necesario entender si el general Dias traicionó a Lula al echar una mano a los bolsonaristas, o si no actuó, como era su deber, para permitir la devastación y, en consecuencia, facilitar el empoderamiento político de Lula en torno a un sentimiento de unidad nacional, ya que casi todos los brasileños, incluso la inmensa mayoría de los que votaron a Bolsonaro el año pasado, el 49,1%, sintieron repulsa por la violencia del 8 de enero.
A esto se añade el hecho de que hasta dos días antes del escándalo, Lula se había opuesto con uñas y dientes a la instalación de una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI), es decir, compuesta por diputados y senadores sobre los hechos del 8 de enero, por la que clamaba hace meses la oposición.