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San Cristóbal, RD. – La interrupción del suministro energético en el Hospital Pablo Pina de la ciudad de San Cristóbal desencadena una situación calamitosa que exacerbó el sufrimiento de las personas afectadas por la explosión ocurrida el pasado lunes. No solo compromete la atención médica de los pacientes con quemaduras severas, sino que también suscita preguntas sobre la responsabilidad civil del Estado.
El jurista Gilberto Objío Subero, en una entrevista concedida este sábado al programa Legal Radio que se transmite por la emisora Rumba 98.5 FM, del grupo RCC Media, destacó la magnitud del incidente. Subero señaló que la interrupción en el servicio eléctrico mientras el hospital atendía a las víctimas con quemaduras de uno a cuarto grado provenientes de la explosión, agravó la ya crítica situación de los pacientes y puso en tela de juicio la responsabilidad del Estado.
El experto legal argumentó que los proveedores de servicios de salud operando en hospitales bajo la jurisdicción del Sistema Nacional de Salud (SNS) están ineludiblemente dependientes del suministro eléctrico. Subero afirmó categóricamente que mantener un flujo eléctrico ininterrumpido durante la atención a las víctimas del siniestro se erige como una obligación de resultados por parte del Estado Dominicano.
"La obligación del Estado en este caso es asegurar que el servicio de energía no sea interrumpido mientras los pacientes están siendo atendidos en el hospital", enfatizó el abogado durante la entrevista. Esto insinúa una clara obligación de resultados, indicando que el Estado debe garantizar la continuidad del suministro eléctrico para garantizar la atención médica adecuada.
Subero advirtió además sobre la responsabilidad civil que recae sobre los administradores del Estado en relación con las personas que sufrieron pérdida de oportunidades y complicaciones adicionales debido a la interrupción energética en el Hospital Pina. La interrupción del servicio eléctrico ha añadido un nivel de dificultad innecesario a la ya complicada situación de los pacientes, lo que podría resultar en consecuencias legales y reclamos por parte de los afectados.