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El actual presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Florentino Rodríguez, declaró ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sobre las irregularidades encontradas en la institución a su llegada en octubre de 2020. En su testimonio, expuesto en calidad de testigo del Ministerio Público, reveló que se pagaban más de RD$120 millones al año, en nómina irregular.
El testigo refirió que, durante la gestión Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, se pagaban más de RD$120 millones al año en nómina, correspondientes a personas que no ejercían ninguna función. “La nómina mensual era de RD$19 millones, fue reducida a RD$13 millones y tras el último levantamiento nuestro, quedó en RD$8 millones”, detalló al ser cuestionado.
Además, especificó que había unas 370 personas en nómina, de las cuales, entre junio y julio de 2020, fueron desvinculadas más de 200 y, tras un levantamiento a su llegada, identificaron que no realizaban ninguna función. En ese sentido, detalló que tras consultar con el MAP y en apego al reglamento interno, procedió a liquidar una parte del personal, el cual fue cancelado previo a la salida de Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Según José Florentino Rodríguez, la institución cuenta con un edificio sede y por la naturaleza de la labor que realizan, ninguna persona presta servicios de manera remota y es responsabilidad del titular nombrar al personal que es incluido en la nómina.
Rodríguez también señaló que, como parte de los levantamientos realizados por el Ministerio Público, entrevistaron a la ex encargada del Departamento de Compras, Juana Evangelista de los Santos (fallecida), quien señaló que para los procesos de compras y contrataciones, su superior le indicaba con anterioridad quién sería el ganador. "Juana de los Santos reportaba a la entonces vicepresidenta administrativa, Magalys Medina Sánchez", añadió.
La exvicepresidenta del FONPER, Carmen Magalys Medina Sánchez, forma parte de los implicados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Antipulpo, que estafó al Estado con más de RD$5,000 millones, encabezado por su hermano Alexis Medina Sánchez, cuyas empresas habrían sido beneficiadas de manera irregular con contratos millonarios para suministrar equipos y servicios a diversas instituciones públicas.
En consecuencia, indicó que en junio del 2021, a requerimiento de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) remitió un informe en el que hacía constar las anomalías halladas por la Cámara de Cuentas durante una exhaustiva auditoría, realizada durante seis meses en la institución. El Ministerio Público incorporó ante el tribunal, dicho informe, como prueba documental.