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Rusia transfirió al menos 314 niños ucranianos a un programa de adopción o acogida forzada desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, según una investigación de Yale.
El estudio, realizado por el Humanitarian Research Lab de la Escuela de Salud Pública de Yale, describe esta práctica como parte de un esfuerzo sistemático para "rusificar" a los menores.
El informe revela que 166 de los niños ya han sido ubicados con familias rusas, mientras que otros 148 están inscritos en bases de datos de adopción gestionadas o coordinadas por el Gobierno ruso.
Estas acciones, según el documento, forman parte de una operación intencional y extendida, organizada directamente por el presidente Vladímir Putin y su administración.
El reporte, de 86 páginas, detalla cómo los niños son trasladados de Ucrania a Rusia, naturalizados y ubicados en hogares rusos. Esta estrategia, calificada como una violación grave del derecho internacional, busca alterar la identidad cultural de los menores, en un proceso descrito como "adopción forzada con fines de asimilación".
Los 314 niños ucranianos identificados en la investigación fueron tomados de las provincias de Donetsk y Luhansk -declaradas unilateralmente rusas- transportados a puntos temporales y distribuidos a 21 regiones del país; de ellos han sido naturalizados 67 y están emplazados 42.
También se concluye que Rusia está utilizando psicólogos para legitimizar este programa de adopciones como una «necesidad médica» y que los niños fueron sometidos a una «reeducación prorrusa» tras entrar en custodia rusa.
Los investigadores indican en el informe que las adopciones y acogidas forzadas que documentan pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad, y que junto a otras pruebas pueden incluso reforzar los argumentos de que Rusia está cometiendo genocidio contra Ucrania.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó en marzo órdenes de arresto contra Putin y su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, por la deportación masiva de menores ucranianos desde las zonas ocupadas en Ucrania a territorio de Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
Además de Putin y Lvova-Belova, el informe de Yale acusa a otros funcionarios rusos por su responsabilidad en el programa de adopciones forzadas: Anna Kuznetsova, vicepresidenta de la Duma o cámara de diputados rusa; Sergei Kravtsov, ministro de Educación; y los jefes de las administraciones prorrusas de Donetsk y Luhansk.