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El ministerio de Salud Pública intervino la zona cero donde ocurrió la explosión de San Cristóbal, luego de que moradores denunciaran un gran hedor y gusanos en la localidad y sus cercanías.
La tragedia que sacudió a los sancristobalenses dejó 34 muertos, de estos todavía hay 19 cadáveres sin ser reconocidos en la morgue judicial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los cuales 22 familias han reclamado una prueba de comparación de ADN.
Según el titular Instituto Nacional de Patología Forense, Santo Jiménez Paez, indicó que el ADN es el estudio definitivo para este tipo de situaciones, pero indicó que a la vez es un proceso complejo porque está sujeto a una serie de condiciones entre las que cuenta el deterioro de las partes recuperadas del cuerpo de una víctima.
Agregó que los cuerpos de los fallecidos sufrieron desperfectos por traumas y por la aplicación de calor a causa de quemaduras, por lo que su identificación puede tardar meses.
Una explosión ocurrida el pasado 14 de agosto en San Cristóbal dejó un impacto devastador en la ciudad, afectando a un total de 83 edificaciones en un perímetro de seis cuadras, según un informe presentado por la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
La mayoría de estas edificaciones estaban destinadas a la actividad comercial y, lamentablemente, solo alrededor de una docena de ellas contaban con un seguro, informó James García, presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar). Según un levantamiento preliminar, los daños ocasionados por el incendio en estos negocios oscilan entre los 100 y los 200 millones de pesos.
García expresó su preocupación por la cantidad de negocios que quedaron desprotegidos ante esta catástrofe, que ha cobrado la vida de 33 personas hasta el momento. Además, destacó que algunos de estos negocios implican sumas “relativamente importantes” en términos de pérdidas económicas.