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La cantidad de reos fallecidos tras cuatro días de amotinamiento en el Centro Penitenciario del Litoral en Guayaquil, Ecuador, aumento a 31, luego que las autoridades retomaran el control del penal, informó la Fiscalía General del Estado.
El número de heridos también se elevó también a 14, entre los que se incluye un policía, de acuerdo al último reporte del Ministerio Público sobre los hechos suscitados en la Penitenciaría, ubicada en la portuaria ciudad de Guayaquil.
Por su parte, el Ministerio del Interior informó que un total de dos mil 700 miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaron un operativo de control en la penitenciaría luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en las cárceles del país.
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El conteo de los reos afectados se legró luego de la retoma del centro por parte de la autoridades militares.
El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que, utilizando su fuerza coercitiva, el Estado recuperará la tranquilidad y paz de los ecuatorianos.
Detalló que en la intervención al interior del centro penitenciario y en uso legítimo de la fuerza participaron las unidades tácticas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Búsqueda de Desaparecidos, Criminalística e Inteligencia.
En esta masacre se vieron enfrentados dos de las bandas criminales que se disputan el control interno de las cárceles de Ecuador, como son "Los Tiguerones" y "Los Lobos", quienes hace pocas semanas rompieron una tregua que mantenían, según el decreto presidencial emitido este martes para declarar el estado de excepción en el sistema penitenciario nacional.
Al mismo tiempo que se suscitaban los enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral, colectivos de presos iniciaron una huelga de hambre en otras doce prisiones donde en cinco de ellas retuvieron a cerca de 137 de agentes penitenciarios, de los que lograron ser liberados cerca de120 funcionarios.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de la libertad que integran el Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional, por sesenta días.
La declaración de estado de excepción busca preservar los derechos de los reclusos, como grupo de atención prioritaria, así como de los agentes penitenciarios y de la Policía.
Su finalidad también es controlar las circunstancias actuales y restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de los centros de privación de libertad.
Con el decreto se dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior de las cárceles, una actuación excepcional temporal, subsidiaria y exclusiva ante graves alteraciones del orden.
El decreto también señala la suspensión del derechos a la inviolabilidad de la correspondencia y de la libertad de reunión entre reclusos.
Las Fuerzas Armadas informaron que en una operación militar de control de armas en los exteriores del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas, "tres sujetos que se dieron a la fuga, intentaron ingresar a este centro penitenciario 420 municiones de fusil calibre 5.56 milímetros".