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Suman nueve los acuerdos aprobados por tribunal en caso Calamar

RCC-ADMIN
23 agosto, 2024 - 11:33 AM
2 minutos de lectura
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional informó que acogió los argumentos planteados por el Ministerio Público al recusar a la jueza Ana Lee Florimón en el proceso de instrucción en la Operación Calamar.
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El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional acogió seis criterios de oportunidad solicitados por el Ministerio Público, así lo informó el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) Wilson Camacho.

Wilson Camacho detalló que, en total, suman nueve los acuerdos aprobados por el tribunal en el caso Calamar, con los cuales el Estado estará recuperado más de RD$2,000 millones de los más de RD$21,000 millones sustraídos por la red criminal orquestada por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el ministro Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo.

“Con estos últimos seis, solo en efectivo, retornarán al Estado unos RD$400 millones”, enfatizó al titular de la PEPCA, al momento de destacar el interés del Ministerio Público al perseguir la corrupción y procurar que, a través de los acuerdos, los involucrados, tras admitir los hechos que se les imputan, puedan colaborar en la investigación, testificar en el proceso, lo que permite asegurar sentencias condenatorias para los principales involucrados.

El dinero recuperado en favor del Estado Dominicano es un decomiso, para reparar el daño causado al erario a través del delito.

Los favorecidos con los criterios de oportunidad homologados por la jueza Altagracia Ramírez son Ramón Emilio Jiménez Collie, alias “Mimilo”, Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña Pérez, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Natalia Cesarina Beltré Torres, Belkis Antonia Tejeda y el Grupo DIBEFE S.R.L.

El acuerdo consiste en que ellos admiten la comisión de los hechos que se les imputan, restituyen al Estado con los beneficios que han percibido y colaboran con el desarrollo de la investigación.

Camacho explicó que, por la dimensión, estas estructuras criminales solo pueden ser desmontadas desde adentro y, en calidad de órgano acusador, están utilizando todas las herramientas que pone a su disposición la norma para perseguir el crimen de hoy y lograr condenas ejemplares.

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