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La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, ordenó este martes el cese de la prisión preventiva a los imputados del caso de presunta corrupción Coral, Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.
Al general Cáceres y al coronel Núñez de Aza le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos. En tanto que a la pastora y a su hijo, la garantía fue de 50 millones de pesos.
A todos se le varió la medida de coerción por impedimento de salida, prisión domiciliaria y grilletes electrónicos.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal rechazar el cese de la prisión preventiva a los imputados para asegurar su presencia en el proceso y para que no obstruyan la investigación en el caso.
También José Alberto Ortiz, abogado del Estado, dijo que Adán Cáceres y Núñez de Aza, por ser altos oficiales activos podrían "poner en peligro la integridad" y el testimonio de 300 testigos del proceso.
Camacho y Ortiz argumentan que los plazos deben ser razonables para cada caso como, según afirman, ya lo han establecido algunos fallos y no una cuestión matemática.