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Los uruguayos deciden este domingo si quieren regresar a la izquierda o prefieren continuar con la línea del conservador Gobierno de Luis Lacalle Pou, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas.
Alrededor de 2,7 millones de ciudadanos elegirán al mandatario que gobernará el país sudamericano, considerado como la democracia más estable de América Latina, en el periodo 2025-2030.
A pesar de que hay 10 candidatos, los uruguayos se debaten entre dos proyectos opuestos: el de Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio (FA), y el oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PAN). Además, escogerán 30 senadores y 99 diputados y participarán en dos polémicos plebiscitos sobre seguridad y jubilaciones.
Yamandú tiene 57 años y nació en Canelones. Su padre fue trabajador rural y su madre costurera. Según el FA, la familia fue propietaria de un almacén en el que Yamandú trabajó desde muy joven. Después, estudió Historia y dio clases en liceos de distintas ciudades y pueblos por más de cinco años.
El candidato del FA, delfín del expresidente José Mujica (2010-2015) e intendente de Canelones durante una década, centró su campaña en la justicia social, la educación y la inclusión, temas que resuenan en un electorado que busca el retorno a las políticas progresistas que caracterizaron los Gobiernos del FA entre 2005 y 2020.
Yamandú ha logrado conectar con amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes. Su compañera de fórmula es la popular exintendenta de Montevideo Carolina Cosse.
En contraposición, Delgado tiene 55 años y es montevideano. Su padre, que trabajó como contador, es descendiente de españoles y su madre de italianos. El candidato del PAN fue secretario de la Presidencia y es una figura clave de la Administración de Lacalle Pou. El actual mandatario, que cuenta con una aprobación del 47 %, no puede buscar la reelección inmediata, como marca la Constitución.
Delgado representa la continuidad de las políticas económicas liberales y de la agenda de seguridad del actual presidente, en medio del aumento de la violencia en uno de los países más seguros de Latinoamérica.
El candidato propone, entre otras cosas, un país más competitivo y barato y más abierto al mundo. Delgado tiene como compañera de fórmula y candidata a la vicepresidencia a Valeria Ripoll, una exmilitante del Partido Comunista y exdirigente sindical.
En caso de que ningún aspirante presidencial supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas. Entrarían en juego posibles alianzas, por ejemplo, con Andrés Ojeda, el candidato del tradicional Partido Colorado, formación que gobernó al país durante casi un siglo (1865-1959).
Ojeda es un joven abogado de 40 años que se presenta como la opción de "renovación" en Uruguay y se compara con el presidente argentino, Javier Milei, por su forma de hacer política. Su video haciendo pesas en un gimnasio se volvió un éxito de campaña.
El contexto electoral se complica con cerca del 10 % de los votantes indecisos, lo que añade incertidumbre al resultado.
Los uruguayos votan también dos plebiscitos relevantes. El primero es para modificar el artículo 11 de la Constitución y permitir allanamientos nocturnos con orden judicial. Fue impulsado por el oficialismo y se origina en la campaña 'Vivir sin Miedo', del exministro Jorge Larrañaga.
La Constitución prohíbe los allanamientos de noche, pero su impulsor considera que esta medida ayudaría en la lucha contra el crimen, en especial el narcotráfico. Sin embargo, ha sido criticada por especialistas que señalan los riesgos de abusos en contextos vulnerables. El FA ha manifestado su oposición a la medida.
El segundo plebiscito fue impulsado por el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la organización obrera uruguaya más grande. Su objetivo es revertir la reforma de la seguridad social aprobada por el Gobierno Lacalle Pou, que elevó la edad de jubilación de 60 a 65 años.
Es decir, reducir nuevamente la edad de jubilación a 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), empresas privadas que se dedican a prestar servicios de ahorros para la jubilación, para que el sistema de seguridad social sea gestionado exclusivamente por el Estado.