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Destaca que una documentación contundente servirá para castigar a los responsables de defraudar al Estado con sumas millonarias
El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público tiene todas las evidencias de las confesiones realizadas durante el conocimiento de la medida de coerción del Caso Coral por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez , quien expuso al tribunal, de forma amplia y detallada, cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos de los contribuyentes.
El imputado Girón Jiménez hizo uso de su derecho a declarar, durante la audiencia que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en la que expuso cómo operaba la red delictiva que tenía entre sus cabezas al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez, así como las acciones ejecutadas de manera particular por cada uno de los imputados y las maniobras utilizadas para desfalcar al Estado con el manejo fraudulento de las nóminas de entidades castrenses.
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
El imputado describió los procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cestur.
Mientras ofrecía los detalles del entramado de corrupción, dijo que el Ministerio Público cuenta con las pruebas con las que podrán confirmar todos los hechos, incluyendo nóminas, diferentes documentos y mensajes de WhatsApp sobre órdenes directas y transacciones bancarias.
Al concluir su amplia exposición sobre las actividades de la organización, responsabilizó a los imputados y a otras personas, incluyendo a miembros de las citadas entidades de seguridad, sobre cualquier atentado contra su integridad física y la de su familia.
Al salir de la audiencia, que entró en receso hasta las 2:00 de la tarde de este viernes, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, detalló que todo el contenido de la declaración de Girón Jiménez se encuentra debidamente documentada.
“El Ministerio Público tiene las evidencias de todas las afirmaciones que ha hecho Girón en este proceso y esas evidencias son las que le han dado la seguridad al Ministerio Público de decir todo el tiempo que tiene un caso construido y en el que la defensa no tiene ninguna oportunidad”, dijo.
Destacó que esas evidencias son contundentes para procurar justicia y castigar a los responsables de defraudar al Estado con millones de pesos.
Camacho precisó que Girón Jiménez ha colaborado con las autoridades, tras indicar que todo el que colabore con una investigación del Ministerio Público tendrá toda la seguridad que sea necesaria para garantizar su integridad física y las de sus familiares.
Camacho encabeza, junto a la directora general de Persecución del Ministerio Público, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el equipo que representa al Ministerio Público en la audiencia.
Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El pasado miércoles, luego de presentar la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público concluyó pidiendo que sean impuestos 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.